La fórmula es la siguiente:
Una empresa privada –Bilbomática- instala y se hace cargo del mantenimiento de los controles de velocidad y de semáforos del municipio; a cambio, este le cede un tercio del importe de las sanciones que se interpongan. Este es el sistema que desde hace unos meses ha empezado a aplicarse en las localidades de Montgat (Maresme) y Mollet (Vallès Oriental), y que ha levantado en pie de guerra a muchos de los vecinos, sobre todo aquellos que han sido cazados cometiendo infracciones. Los consistorios argumentan que con este sistema las arcas municipales se libran de costear los dispositivos en detrimento de los ciudadanos que cometen las temeridades al volante, que son los que acaban pagando.Además de pacificar las vías, los radares y los controles fotográficos en semáforos han servido para engrosar las arcas municipales. En este sentido el Consistorio de Montgat ha superado en tan solo nueve meses la previsión de ingresar 190.000 euros en un año por infracciones de tráfico.
Controles estrictos y mal señalizados
La efectividad de los dispositivos es archiconocida entre los vecinos de ambas localidades, pero también de otros municipios colindantes. “Hay mucha gente a la que han cazado, es un sacadineros”, se queja Francisco Pérez. Y es que es fácil encontrar a conductores que circulan a menudo por la zona que ya han recibido varias sanciones en poco tiempo. “Conozco a un vecino que multaron dos veces en un intervalo de dos minutos”, explica Miguel Herrero.
Falta de señalización y controles demasiado estrictos. Estas son las principales quejas en contra de los radares y las cámaras de videovigilancia en los semáforos. Francisco Pérez sostiene que “la luz cambia en seguida de ámbar a rojo y no da tiempo de cruzar". "Estás más pendiente del semáforo que de la carretera”, sentencia. Mientras que Tino Sánchez, que a través de Change.org recluta firmas para pedir la abolición del control semafórico ubicado entre Can Flaquet y avinguda de Antoni Gaudí, convencido de que provoca más accidentes de los que evita. “Para no ser pillados en medio del cruce, los conductores realizan maniobras peligrosas”, como acelerar cuando están pasando en verde por si acaso en ese momento el semáforo se pone en ámbar o realizar frenazos bruscos cuando circulan y ven por el retrovisor que el semáforo se pone amarillo.
Campañas contra los radares
La crispación ciudadana por las multas de este tipo de radares se ha traducido en dos campañas de recogidas de firmas. La primera, que llevó a cabo la Plataforma por la retirada de los radares y cámaras en Montgat, consiguió reclutar 1.500 rubricas en ocho meses, que PSC, ICV y PRE respaldaron en una moción plenaria que no consiguió prosperar. En Mollet los ecosocialistas también han reclamado la suspensión temporal del sistema de radares y controles fotográficos, e Independents per Mollet – CUP manifestaron su desacuerdo.
Sin embargo, los actuales equipos de gobierno de ambos consistorios descartan dar marcha atrás y niegan que los dispositivos tengan un mero fin recaudatorio. También desmienten que los semáforos sancionen en ámbar, como aseguran algunos conductores que han sido multados: “Todo el mundo tiene la posibilidad de ir a la oficina de atención al ciudadano y ver la filmación”, manifiesta el alcalde de Montgat, Francesc Xavier García Arrocha.
Sin marcha atrás
Según lo estipulado en el contrato de adjudicación, el Ayuntamiento de Montgat debe pagar a la empresa Bilbomática una cuantía a cuenta de las comisiones de 996.000 euros netos en cuatro años. En el caso de Mollet, la cantidad fija que la compañía concesionaria recibirá durante este período asciende a 359.640 euros (IVA no incluido). También tendrá derecho a percibir “la cantidad variable que resulte de aplicar el porcentaje del 34,5% sobre el total de la recaudación obtenida” del importe de las infracciones.
“La empresa hace una inversión inicial para poner el sistema en marcha y tiene que recuperarla, pagar a los trabajadores y sacar un beneficio industrial”, explica el alcalde de Montgat, que considera más preciso hablar de “coste variable del servicio” en vez de "comisiones". Además aclara que del resto del montante la Diputación de Barcelona se queda un 4% en concepto de gestión de los expedientes. Así pues, a las arcas municipales va a parar el 61,5% del dinero restante, que Garcia Arrocha asegura que se invertirá “en el mantenimiento de las vías y en las familias necesitadas de Montgat”.
El Servei Català de Trànsit (SCT), que depende de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado a La Vanguardia.com que “no promueve” este sistema de radares, del que ha tenido noticia recientemente. También recuerda que el importe íntegro de las sanciones interpuestas a través de los radares que gestiona este organismo se reinvierte de manera íntegra en seguridad vial.
Fuente: La Vanguardia
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